Las penas fueron impuestas contra el exdirector y la exsubdirectora Servio Tulio Suncar e Isabel Soto, quienes fueron sentenciados a siete años de prisión, así como contra los encargados de nómina electrónica, Ángel Castro, y de la División de Desarrollo y Sistemas del Departamento de Informática, Leonardo Rodríguez, ambos sentenciados a cinco años de reclusión.
También fueron impuestos tres años a Sandy Castro, quien se desempeñaba como pagador externo del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, al igual que a Lucrecia Figueroa, a quienes les fueron depositadas altas sumas de dinero de los del fondo de pensionados en cuentas de ahorros abiertas en el Banco de Reservas.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que dirige Laura Guerrero, dio seguimiento al caso cuyo proceso inició en el año 2008 luego de sendas auditorías, con una labor investigativa, que conllevó la realización de decenas de entrevistas, interrogatorios y vasta documentación técnica y especializada, gran parte de las cuales fueron valoradas por peritos en la materia y procesadas por el órgano acusador.
A través de las investigaciones se determinó que durante el período comprendido entre el mes de enero del año 2005 hasta el mes de septiembre del año 2006, se realizaron en el Departamento de Pensiones y Jubilaciones de esa Secretaría de Finanzas múltiples maniobras dolosas en pago de las pensiones y jubilaciones, tanto en la nómina electrónica, como en la nómina física o de cheques.
Las actos ilícitos del caso, inicialmente fueron reflejados en los informes resultantes de la auditoría realizada por la firma Viriato Sánchez & Asociados, al Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría de Estado de Finanzas, a requerimiento del secretario de Finanzas de entonces, Vicente Bengoa Albizu, el 13 del mes de noviembre del año 2006, según el Ministerio Público.
