Afirma que la variación de la medida de coerción de prisión preventiva en contra del imputado, por una garantía económica "es una debilidad de nuestra justicia".
Sostiene que como policías ellos hicieron su trabajo y aportaron todas las pruebas necesarias en contra del oficial que llevaba nueve meses en prisión preventiva en la cárcel de Najayo.
Además de la garantía económica de RD$100,000, a través de una póliza de seguro, el Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal dispuso impedimento de salida y presentación los días 30 de cada mes por ante el Ministerio Público que lleva la investigación.
El exoficial supuestamente formaba parte de una alegada banda compuesta por 13 personas, y que encabezaba el prófugo Salomón Eusebio Rosario (a) Piki. Según la Policía, el grupo de alegados matones por paga operaba en La Romana, como centro de mando, para asesinar y realizar cobros compulsivos a personas vinculadas al tráfico de drogas y lavado de dinero.
La Policía dijo en noviembre del 2013 que pudo demostrar que Liriano, quien ocupó cargos importantes en la Dirección Nacional de Control de Drogas, hizo transacciones de venta irregular de viviendas a personas vinculadas al sicariato.
Además, según informó la Policía, en la finca del teniente coronel, en San Cristóbal, se albergaron a los difuntos sicarios Juan Félix Cordero Febles (Copelín) y Edgar Rafael Rijo Astacio (Maestrico).
A Johan Liriano también se le vincula a la falsificación de la firma de Copelín en un contrato de alquiler dos días después de su muerte.
